El derecho fundamental a la igualdad procesal garantiza, en palabras del Comité de Derechos Humanos, “los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna”58. . Asegura también que este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)3. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 10.630, de 9 de febrero de 2015. 108“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente”, dispone el artículo 14.1 del Pacto. . No obstante, el Tribunal Constitucional lo ha incluido reiterada y expresamente como requisito del proceso racional y justo110. En efecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, inicialmente consideraba sólo los tres primeros elementos mencionados en el texto principal. 371-378. En virtud de ello, el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, tipificó en el artículo 9º las sanciones aplicables11 y señaló en el artículo 16º el procedimiento sancionador a seguirse12. 38, Nº 2), pp. Por una parte, el tiempo que se otorga al inculpado para acceder a los medios de prueba que obran en su contra y, en su caso, defenderse de ellos, es de dos días en el caso de la investigación sumaria103 y de cinco días en el caso del sumario administrativo104. Y agrega: “Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana”13. Ninguna de estas tres limitaciones, que intentan equilibrar el éxito de la investigación con el derecho a la publicidad del proceso para el afectado, encuentran acogida en el ámbito administrativo disciplinario. 100Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010. . 122El Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35, precisa que este derecho se confiere al acusado con la finalidad de “evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en la incertidumbre acerca de su suerte y, si se las mantiene recluidas durante el período del juicio, de garantizar que dicha privación de libertad no se prolongue más de lo necesario en las circunstancias del caso”. Esta fundamentación epistemológica de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción es respaldada por Taruffo (2003), p. 24. [Visitado el: 7 de junio de 2016]. No obstante, no son lo mismo. 51Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol Nº 59-2013, sentencia de 23 de abril de 2013, considerando quinto, confirmada por la Corte Suprema en causa rol Nº 3292-2013, de 5 de junio de 2013, ha sostenido que carece de imparcialidad el Alcalde que aplica la sanción de destitución, si dos días antes de las elecciones municipales y cuarenta y cinco días antes de asumir el cargo había anunciado la aplicación de esta medida en contra del funcionario afectado. 47. 83El sistema acusatorio formal es aquel en el que las funciones de investigar y acusar, por una parte, y la de juzgar, por la otra, han sido entregadas a autoridades diversas. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria; 2.1 ESTABLECER como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 30, 34, 48, 49 y 53 de la presente resolución. De otro lado, la regulación vigente dificulta severamente que el inculpado cuente con el tiempo y los medios necesarios para su defensa. Sólo bajo un diseño acusatorio formal sería posible asegurar la igualdad entre quien pretende la imposición de una sanción administrativa disciplinaria y quien se defiende de ella83. 36Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso González del Río c. Perú, dictamen de 28 de octubre de 1992, párrafo 5.2. 14. 4. 87Artículo 14.3, letras b) y d) del Pacto, y artículo 7.2, letras d) y e) de la Convención Americana. [ Links ], Montero, Diana, y Salazar, Alonso (2013): “Derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Montero, Diana, y Salazar, Alonso, Derecho penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Isolma), pp. 101El inciso tercero del artículo 10 de la Ley Nº 19.880, de 2003 dispone: “Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses”. En efecto, y según ha declarado el Comité de Derechos Humanos, este derecho resulta aplicable no sólo frente a los tribunales de justicia, “sino que también debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un órgano una función judicial”64. 3) En cuanto al derecho fundamental a la defensa, los procedimientos administrativos disciplinarios lo reconocen de manera muy debilitada. Disponible en: Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2014/CP32727TEXTUAL.pdf 30El artículo 8º de la Convención Americana se refiere expresamente a los cinco requisitos del juez equitativo al exigir “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. La primera de ellas consiste en elucidar si estas exigencias del debido proceso son efectivamente aplicables a los procedimientos administrativos a través de los cuales se intenta hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios8. El reinicio de los plazos de los procedimientos administrativos en el ámbito del Derecho Administrativo durante el periodo de emergencia nacional por el brote del COVID-19 5.2. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo al servicio . De esta manera, implícitamente exige una motivación tanto en cuanto a los hechos como respecto del Derecho. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha establecido que la prueba debe producirse bajo contradicción. En el párrafo 13 se complementa aquella idea al expresar que el derecho a la igualdad procesal garantiza, entre otros aspectos, “la igualdad de medios procesales. Asunto: ADECUADA IMPUTACIÓN DE LAS INFRACCIONES A LA LEY Nº 27815 . 16. 13Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 71. 70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artículo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artículo 126 en relación con el sumario administrativo. Ver Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 905-2015 protección, sentencia de 4 de mayo de 2015, especialmente voto de minoría. . [ Links ], Juan Acuña Torres y otro (2014): Corte de Apelaciones de Chillán, 30 de octubre de 2014 (acción de protección). [Visitado el: 11 de julio de 2016]. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766 Diario Oficial, 12 de octubre de 2000. Así, en cuanto al plazo de prescripción para dar inicio al procedimiento administrativo . Suspensión de la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario según el Precedente vinculante RSP 01-2020-Servir/TSC. 23Al respecto Bordalí (2011), p. 321, expresa que “el debido proceso como principio constitucional incluye todos aquellos derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado chileno, a excepción del derecho a la tutela judicial”. . 5. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mémoli c. Argentina (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de agosto de 2013. 73), pp. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057, entró en vigencia a los tres meses de publicado el Reglamento General, es decir, el 14 de setiembre de 2014. Tal justificación no parece admisible, si se tiene en cuenta que incluso en el ámbito penal la reserva tiene una duración limitada respecto del imputado, debe extenderse a piezas determinadas y puede siempre ser objeto de control judicial118. 1Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero c. Ecuador (1997), párrafo 72. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-96012010000200002 Derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable, 5.1. Palabras clave: Derechos fundamentales; Proceso debido; Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. 6.2.2.1 Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario: a) En el caso de la sanción de amonestación escrita . [Visitado el: 13 de noviembre de 2014]. De la norma citada, se puede apreciar que a partir de la vigencia del régimen disciplinario regulado por la Ley Nº 30057, es decir, del 14 de septiembre de 2014 se debe observar lo siguiente: (i) La Ley Nº 27815 se aplica en los supuestos no regulados por la Ley Nº 30057. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha aclarado que la precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a través de los reglamentos8. 51. 2. En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero c. Ecuador (Fondo), sentencia de 12 de noviembre de 1997. 2Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. [Visitado el: 29 de septiembre de 2015]. 50Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003. En el ámbito internacional, la Declaración Universal sólo menciona dos de esas exigencias28 y el Pacto cuatro de las mismas29. El siguiente apartado enfrenta la segunda de las preguntas que guían la investigación. Artículo 53.-. No. En Selección de decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, volumen 4, Naciones Unidas, 2004, pp. Precedente sobre imputación de infracciones del Código de Ética de la Función Pública en la Ley SERVIR. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario. De ahí que, fue la propia Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública la que delegó a su norma reglamentaria la reserva de la tipificación de las sanciones aplicables por la comisión de infracciones éticas. 27Esta denominación deriva del artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución chilena (1980). [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 77.189, de 25 de noviembre de 2013. INFORME TÉCNICO N° -2020-SERVIR-GPGSC De : CYNTHIA CHEENYI SÚ LAY Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil Asunto : a) Sobre el deslinde de responsabilidades y la realización de investigaciones a . 129Artículo 120, incisos tercero y siguientes, en el caso de la investigación sumaria, y artículos 129 y 131 a 136, en el caso del sumario administrativo, de la Ley Nº 18.834 (1989). 101-127. El artículo 8.5 de la Convención Americana, por su parte, asienta el derecho a un juicio público “salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 109“El proceso penal debe ser público”, ordena el artículo 8.5 de la Convención Americana. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante la Declaración Universal, por su parte, hace similar distinción en los artículos 10 y 1112. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. Disponible en: Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=jurisupranac%3Ar%3A410e$cid=jurisupranac$t=document-frame.htm$an=JD_DCDHONU-GONZALESRIO$3.0 4Artículo 24.2 de la Constitución española. No obstante, el mismo Comité ha sostenido expresamente que el derecho al acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial no se aplica en el caso de las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos, porque no se comprenden en el concepto de “derechos u obligaciones de carácter civil”20. En efecto, seguramente resultaría muy difícil cuestionar su aplicación si constituye el resultado de un debido proceso. En efecto, durante la etapa indagatoria rige el llamado “secreto del sumario”, en virtud del cual se priva tanto a las partes como a los terceros de la posibilidad de conocer los resultados de la carpeta investigativa117. La reserva resulta todavía más grave si se considera que el fiscal puede decretar la suspensión provisional del cargo al funcionario investigado, sin que este conozca los antecedentes que justifican esa medida provisoria119. Sólo podrán tener derecho a la contradicción de las testificaciones que se produzcan una vez cerrada la indagatoria, oportunidad en que gran parte de la prueba ya ha sido rendida. Desde el 14 de septiembre de 2014, el régimen disciplinario de los servidores civiles comprendidos en los regímenes de trabajo de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057 está regulado por la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley Nº 30057, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias. Ahora bien, habiendo precisado el marco normativo aplicable para las infracciones administrativas contenidas en la Ley Nº 27815, corresponde determinar cuándo se debe recurrir a estas infracciones para configurar una falta administrativa de la Ley del Servicio Civil; además de precisar cómo se debe tipificar este tipo de conductas en observancia a los principios de legalidad y tipicidad. Ley, doctrina, jurisprudencia y conocimiento a tu servicio, Asunto: ADECUADA IMPUTACIÓN DE LAS INFRACCIONES A LA LEY Nº 27815 – LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA LEY Nº 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL. De esta manera, podemos concluir que el principio de tipicidad exige, cuando menos: (i) Que, por regla general las faltas estén previstas en normas con rango de ley, salvo que se habilite la tipificación vía reglamentaria. Las condiciones establecidas en el presente convenio forman un todo orgánico e indivisible y como tal han de ser consideradas a efectos de aplicación práctica, por tanto absorberán y compensarán en su conjunto las gratificaciones voluntarias, pactos individuales, colectivos o de cualquier índole que tengan establecidas las empresas, así como las . 91En efecto, el Tribunal Constitucional chileno, en la causa rol 2701-2014, mediante sentencia de 1 de septiembre de 2015, considerando décimo séptimo, entiende infringido el derecho a la defensa porque en un procedimiento ejecutivo no se otorga al ejecutado “la posibilidad de impugnar la naturaleza ejecutiva del título, la condición indubitada del mismo y el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos que permiten sostener un relativo equilibrio procesal en las posiciones del acreedor y del deudor, respectivamente”. [ Links ], Ley Nº 19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Por otra parte, y desde un punto de vista orgánico, en el fiscal y en el investigador se radican, simultáneamente, los roles de investigador, acusador y autor de la propuesta de sanción. En el Informe Técnico 001691-2020-Servir se explicó que el procedimiento administrativo disciplinario sanciona las conductas de los servidores en el ejercicio de la función. 25. Key words: Fundamental Rights; Due Process of Law; Public Servant’s Disciplinary Responsibility. 1.2. Ahora bien, el 4 de julio de 2013 se publicó la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, la cual regula en su Título V el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador aplicable a los servidores bajo el nuevo régimen del servicio civil así como a los servidores de los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, el mismo que, de acuerdo con lo previsto en la Novena Disposición Complementaria Final, regiría a partir de la entrada en vigencia de sus normas reglamentarias. Nº 1, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en los autos rol Nº 304-2011, caratulados “Lorena Paz Pérez Ramírez con Ejército de Chile” sobre recurso de protección del que conoce la Corte de Apelaciones de Talca (2011): Tribunal Constitucional de Chile, 8 de enero de 2013 (recurso de inaplicabilidad, rol Nº 2029-2011). 134El Comité agrega que la publicidad de estos fundamentos de hecho y de Derecho se exceptúa “cuando el interés de menores de edad exija lo contrario, o en los procedimientos referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. El cuarto elemento fue incluido en el caso Valle Jaramillo y otros c. Colombia (2008), párrafo 155. Diario Oficial, 5 de diciembre de 1986. 32El artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución chilena textualmente dispone: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. 53. El derecho fundamental a la publicidad del proceso en los procedimientos disciplinarios. Esto no se debe, como se ha visto, a la actividad del legislador, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República que ha precisado el significado de una resolución motivada y ha declarado arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos que no satisfacen aquellas exigencias. 99Artículo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de 1989. (…)”. En este vídeo veremos con detalle las Fases del Procedimiento Administrativo Disciplinario (Instructiva y Sancionadora), los pasos y los plazos que deben cum. [ Links ], García Pino, Gonzalo, Contreras Vásquez, Pablo (2013): “El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno”, en: Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (año 11, Nº 2), pp. 106Es efectivo que el Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo noveno, ha sostenido que el plazo de cinco días para presentar descargos y ofrecer prueba no es contrario al debido proceso. De conformidad con la Resolución de Sala Plena 006-2020-SERVIR/TSC, precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones a la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 48Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003. De este modo, la prueba producida durante la etapa de investigación no podrá ser utilizada en contra del acusado si en su producción no se respetó el principio de contradicción. 20 años de la Constitución chilena. 5) Los procedimientos administrativos disciplinarios no aseguran el derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable. Disponible en: Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_sp.doc De un lado, el derecho al tiempo y a los medios necesarios para preparar la defensa86. El derecho fundamental a la igualdad de medios procesales consiste en que los distintos sujetos del proceso, esto es, quien solicita una decisión jurisdiccional y aquel contra o frente al cual tal decisión se solicita, reciban un trato equivalente en el desarrollo de sus pretensiones y deberes durante el transcurso del juicio, de modo tal que ambos dispongan de posibilidades equivalentes para sostener y fundamentar lo que cada cual estime que le conviene60. 132Contraloría General de la República, dictamen Nº 10.630, de 9 de febrero de 2015, en armonía con el artículo 143 de la Ley Nº 18.834, de 1989. 29. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Curauma S.A. respecto del inciso primero del artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre recurso de hecho, de que conoce la Corte Suprema bajo el rol Nº 27.764-2016 (2016): Tribunal Constitucional de Chile, 6 de junio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol 3067-2016). La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que “cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas”. [Visitado el: 28 de junio de 2016]. Por otra parte, el inculpado tiene esos mismos plazos para manifestar si desea presentar prueba105, la que por cierto deberá estar identificada106. [ Links ], Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia, comunicación 387/1989, dictamen de 23 de octubre de 1992. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 24.733, de 21 de abril de 2011. Así, para Gonzáles (2009, p. 366) este principio exige la presencia de tres aspectos, a efectos de determinar la existencia de una conducta sancionable administrativamente: a. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 2.2 PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes mencionados deben ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. Por otra parte, el Estatuto Administrativo no contiene normas relativas al derecho del funcionario público llamado a declarar durante la etapa indagatoria de un sumario a comparecer asistido por su abogado. Pero además, dicho autor resalta que “el mandato de tipificación, que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad cuando realiza la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes” 9. El principio de contradicción, por su parte, surge cuando la parte se opone a las pretensiones o impugnaciones sostenidas en su contra. 41. § Sobre la potestad sancionadora del Estado. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, interpretando el derecho al juicio público contenido en el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública”134. . This research makes evident that disciplinary administrative procedures through which public servants administrative responsibility is intended to be put in effect in Chile, substantially violates a number of the right to a Due process of Law requirements. . La posición no sería la misma si la sanción aplicada deriva de un procedimiento en que se han infringido de manera más o menos severa los derechos fundamentales del ámbito procesal. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL <NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 45 del Decreto 987 de 2012> . Así, por ejemplo, a través del mencionado literal se podrá remitir a las faltas previstas en la Ley Nº 27815, el TUO de la Ley Nº 27444, entre otras normas con rango de Ley que califique como falta una determinada conducta. 27. [ Links ], Navarro Beltrán, Enrique (2014): “Bases constitucionales del principio de transparencia”, en Revista de Derecho Público, Universidad de Chile (vol.
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